Nicolás Maduro fue inesperadamente juramentado para un tercer mandato como presidente de Venezuela, lo que provocó una indignación generalizada nacional e internacional.
En respuesta a estas acciones, el 10 de enero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ocho altos funcionarios venezolanos directamente involucrados en los continuos esfuerzos de Maduro para reprimir a la oposición y socavar los procesos democráticos en el país.
Según un comunicado del Tesoro, estas sanciones se alinean con acciones similares tomadas por aliados internacionales, incluidos Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, fortaleciendo aún más la coalición anti-Maduro.
Los funcionarios sancionados están acusados de estar involucrados en varias agencias estatales, incluido el presidente de Petróleos de Venezuela, SA (PdVSA), el Ministro de Transporte y el presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA), una aerolínea estatal.
OFAC ha centrado sus sanciones en altos funcionarios militares y policiales, que supervisan las organizaciones implicadas en presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano.
Estas acciones se tomaron en virtud de la Orden Ejecutiva (EO) 13692, que apunta a las personas responsables de socavar las instituciones democráticas de Venezuela.
Bradley T. Smith, secretario del Tesoro de Estados Unidos para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, enfatizó la determinación del gobierno estadounidense:
“Desde las elecciones del año pasado, Maduro y sus asociados han continuado sus acciones represivas en Venezuela”, dijo Smith.
“Estados Unidos, junto con nuestros socios afines, apoya al pueblo venezolano en su búsqueda de un nuevo liderazgo y rechaza la fraudulenta afirmación de victoria de Maduro”.
La represión se intensifica después de las elecciones
Las elecciones presidenciales venezolanas, celebradas el 28 de julio de 2024, llevaron a una mayor presión de Estados Unidos y sus aliados para que Maduro emprendiera una transición democrática.
Sin embargo, la respuesta de Maduro ha sido intensificar su represión de la oposición, las protestas y cualquier llamado al cambio político.
El uso de la fuerza por parte del gobierno y el desprecio por el proceso electoral han seguido empeorando, mientras Maduro busca mantener el control a pesar de la condena generalizada.
Organizaciones de derechos humanos han informado de un aumento significativo de arrestos, detenciones y violencia contra los disidentes desde las elecciones, lo que ha dejado a muchos ciudadanos temerosos de represalias por expresar su oposición al gobierno.
EE.UU. aumenta la presión con medidas más fuertes
En un esfuerzo por privar aún más a Maduro de los recursos necesarios para mantener el poder y reprimir a la oposición, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha intensificado su Programa de Recompensas por Narcóticos.
Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Maduro y Diosdado Cabello, el ministro del Interior, Justicia y Paz.
Además, se ha ofrecido una nueva recompensa de hasta 15 millones de dólares por información confiable sobre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha impuesto nuevas restricciones de visado a al menos 2.000 funcionarios afines a Maduro, “que deliberadamente socavan el proceso electoral y facilitan actos de represión”.
Estas restricciones son una herramienta esencial para aislar y responsabilizar a los ejecutores del régimen de Maduro.
Solidaridad mundial con los ciudadanos de Venezuela
La participación de socios internacionales destaca un creciente consenso global de que el pueblo venezolano merece una transición hacia la democracia y la justicia.
Mientras Maduro profundiza la represión en el país, los esfuerzos unidos de Estados Unidos y sus aliados envían un fuerte mensaje de que la democracia, la rendición de cuentas y los derechos humanos son no negociables y deben ser defendidos en todo el mundo.
Las sanciones en curso y los esfuerzos diplomáticos no solo demuestran solidaridad con los ciudadanos venezolanos, sino que también rechazan el gobierno ilegítimo de Maduro, reforzando el llamado mundial a un gobierno democrático genuino en Venezuela.
Mientras la comunidad internacional se mantiene firme en su postura, hay esperanza de que las voces del pueblo venezolano prevalezcan en última instancia en su lucha por la libertad y la democracia.
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